«Los funcionarios docentes debemos denunciar los abusos de la administración a inspectores que trabajan para ella, no existiendo aquí la imprescindible y requerible independencia en quien debe instruir un caso, pues, inconcebiblemente, el instructor trabaja para el denunciado, bajo el aparente consentimiento de toda la sociedad. Esto, para quien no lo sepa aún, requeriría recusar a todo inspector en esa situación. Es más, el inspector debe lealtad a su administración y a sus jefes, que es como decir a las claras que se le pide parcialidad, pues si no cumple con dicha lealtad puede ser amonestado. Estas cosas son rémoras abusivas de un pasado abusivo, como sucede aún, por ejemplo y de igual manera, en el ejército español, donde todos deben denunciar los abusos de que son objeto a sus propios abusadores [!]. España es el único país del mundo supuestamente occidental y civilizado que conozco donde los abusos de poder, como en el vergonzoso pasado, aún deben ser denunciados a los que abusan del poder, lo cual hace que, de hecho, el Estado de Derecho no exista y no sea más que una pantomima para crédulos contra la cual hay que reaccionar con la máxima urgencia, porque nos está destruyendo.» [Agustín Barahona]
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