«El aforamiento en España vulnera el principio de igualdad constitucional del artículo 14:
«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»
Además de eso, los aforados pueden cometer decenas de barbaridades por estar aforados sin que nadie pueda encausarlos por ellas, como vemos todos los días, lo que constituye otro elemento más de injusticia manifiesta y agravio comparativo con el resto de ciudadanos. Pero por si eso fuera poco, para más inri, algunos delitos que sí serían perseguibles son juzgados, en virtud del aforamiento, no por los tribunales comunes sino por el politizado Tribunal Supremo, cuyos miembros son elegidos por el Consejo del Poder Judicial que a su vez es elegido por miembros del Congreso y del Senado, es decir, por políticos –rompiendo así la obligatoria separación de poderes que garantizaría un Estado de Derecho–, en virtud del artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ellos mismos se guisaron y comieron, como el Juan Palomo del refrán.
Entre parlamentarios, algunos altos cargos, jueces, magistrados, algunos fiscales de ámbito nacional y autonómico, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, hablamos de unos 10.000 aforados en España [!]. Hay países de larga tradición democrática donde no existen tales aforamientos, como en EE.UU., lo que demuestra que tales aforamientos son completamente prescindibles y enormemente perjudiciales para el establecimiento de una sociedad justa. Hay que cambiar el sistema también y especialmente en esto.» [Agustín Barahona]
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