«LA DIMISIÓN del director general de la Inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones, permite visualizar lo que ya era un secreto a voces: la injerencia del Gobierno en un organismo que, por su propia naturaleza, debería ser exquisitamente neutral. Jones ha justificado su marcha por «las notables diferencias en diversos asuntos» con el propio director de la Agencia, unas divergencias que han acabado resolviéndose «en contra» del «criterio» profesional. Aunque no lo cita expresamente, todo indica que las interferencias en la labor de los técnicos y la política de ceses y nombramientos están detrás de su decisión.Los continuos cambios de personal han llevado a la Agencia Tributaria a vivir en un permanente sobresalto y han puesto en pie de guerra a los funcionarios. Hace dos semanas, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda fue clara al reclamar que los cargos técnicos sean ocupados por profesionales que hayan ganado la plaza por concurso, para evitar de esta forma designaciones partidistas. Pero es que esta misma semana, otro colectivo, el de técnicos de Hacienda, a través de su sindicato mayoritario, Gestha, ha acusado al organismo de «desobedecer» las instrucciones del juez Castro, que instruye el caso Nóos, con el objetivo de salvar a la Infanta Cristina de un delito fiscal en el Impuesto de Sociedades.
En poco tiempo han dejado su cargo en la Agencia Tributaria personas con altas responsabilidades. Lo hizo la directora, Beatriz Viana, como consecuencia de la extraña y nunca bien aclarada atribución a Doña Cristina de una docena de operaciones inmobiliarias. Hace diez días, eran el jefe de Control Tributario de la Delegación de Grandes Contribuyentes y su adjunta quienes se marchaban tras pedir una sanción a la cementera Cemex por la simulación de pérdidas para disminuir el pago de tributos. El Gobierno era contrario a esa sanción. A esos cambios en las alturas se suman otros. El PSOE ha denunciado que en Hacienda se han producido «300 ceses en dos años».
El deterioro de la imagen de la Agencia Tributaria por la sensación de injerencias políticas ha sido una constante. Comenzó con el escándalo de la presunta amnistía fiscal a Bárcenas -una operación con la que el ex tesorero del PP dijo haber regularizado diez millones de cuentas suizas, extremo que después desmintió Hacienda, sin que aún se haya pronunciado la Justicia- y no ha parado hasta hoy. Hace unos días, EL MUNDO destapó la orden dada por el director de la Agencia, Santiago Menéndez, por la que se arroga la designación de los peritos judiciales en las causas por delitos fiscales y blanqueo. Se trata de un nueva vuelta de tuerca para controlar este tipo de procesos.
La percepción de caos y manipulación ha llegado a tal extremo que obliga a Montoro a dar la cara. El ministro, que tanto ha alardeado de conocer las declaraciones de Hacienda de los demás, dejando entrever su control político sobre el organismo -en febrero lanzó en el Senado una acusación contra «nuestros famosos actores» y después animó a los diputados a pagar «todos», recalcó, «fielmente los impuestos»- tiene que explicar ahora qué está sucediendo en la Agencia Tributaria y cómo pretende restaurar su maltrecha imagen.»
via http://economia.elpais.com/economia/2013/12/04/actualidad/1386190215_451131.html
Todo esto por no mencionar también la corrupción de la época de Pazatero [sic], contribuidora principal al así llamado estado de crisis en que nos han sumido artificial y concienzudamente, incluso intentando disfrazarlo, desde el principio.