¿No abortar fetos malformados en «prevención de futuros malos usos»?

Gallardón ha dicho en varias ocasiones que si se permitieran casos de aborto por malformación del feto por decisión de la propia madre –es decir, sin necesidad de que «dos psiquiatras y una semana de meditación» tengan ningún poder en todo esto, como ahora se quiere imponer– ello podría derivar en que en el futuro alguien podría decidir acabar con la vida de una persona con deficiencias físicas. Ya sé que suena a tomadura de pelo, no sólo porque legalmente no se puede considerar persona a un feto –y un ministro de justicia debería saberlo–, sino por la obviedad de que no puede argumentarse a nivel jurídico que se hace algo para evitar «preventivamente» un posible mal mayor en el futuro por un posible mal uso basado en argumentación viciada, supuesto éste que en ningún caso se ha dado nunca ni puede darse tampoco en ese mismo nivel, como también debería saber un ministro de justicia. Pero me limito sólo a citar lo que dice este ministro.

Sin embargo, cuando se le objeta que su nueva ley quitará la potestad de decidir a la mujer en los casos de malformación del feto contesta diciendo que no es cierto [!] y asegura que lo que hace su ley es garantizar que si el feto malformado puede suponer algún peligro para la madre incluído el peligro de lesión psicológica ésta pueda decidir abortar.  Es decir, que en concurrencia jurídica de los dos derechos «tal como él los plantea», el de la vida del feto y el de la salud de la madre, prevalezca siempre el de ésta cuando puede demostrarse que se lo lesiona. Esto evidentemente supone o bien una falta de coherencia de Gallardón con su propio pensamiento y presuntos temores preventivos o bien que es falso que si se pone en marcha su ley sea porque se tema que en el futuro el derecho a decidir de la madre pueda suponer lesionar el derecho a la vida de los deficientes físicos, porque, según las propias palabras de Gallardón, si la madre puede decidir abortar por motivo de que prevalezca su salud psicológica contra la vida del feto malformado el mismo argumento jurídico podría aducirse en cualquier otra circunstancia donde entren en contraposición los intereses de la salud psicológica de una madre y la vida de un deficiente físico ya nacido. Así pues, no puede ser posible tamaño disparate que haría realidad y legitimaría el presunto temor de Gallardón. Es obvio que la diferencia está en el propio concepto de persona, pues desde el punto de vista legal –que, atención, en un estado laico es el único que se dirime y puede dirimirse, nunca lo olvidemos– sólo puede serlo quien ha nacido y es un ser autónomo independiente físicamente de la madre.

Es más fácil creer que el que se esté intentando poner en circulación la ley del aborto de Gallardón sin que haga ninguna falta, pues la ley vigente ya es perfectamente autosuficiente a todos los efectos legales, es sólo para satisfacer los requerimientos de determinadas facciones electorales de tipo religioso, a pesar de que, por no haber calculado los efectos, ello esté llevando al PP a una fractura interna más entre su propio electorado.