Miscelánea y material no clasificable en los otros apartados.
Miscelánea y material no clasificable en los otros apartados.
«No es cierto lo que dice el gobierno. El referido artículo 27.3 de la Constitución Española dice sólo que nadie puede impedir el derecho paterno a que los hijos reciban la formación religiosa y moral que crean conveniente, no que sea obligatorio que un Estado Aconfesional como el español tenga que cargar con el pago y la inclusión en las aulas de esa formación religiosa y moral, que pertenece al ámbito y dinero privados. (Véase: C.E. art. 27.3 ‘Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.’) La única realidad es que son los misteriosos acuerdos del Gobierno Español con Vaticano lo único que, paradójicamente, ata a un Estado Aconfesional a la obligación de colar de algún modo la enseñanza de la religión católica en las aulas, como el propio gobierno reconoce al aducir que la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. Hay un sinfín de anomalías jurídicas relacionadas con la enseñanza pública de la religión con el dinero público en un Estado Aconfesional que habría que corregir con la máxima urgencia porque nos conducen a absurdos y contrasentidos lógicos, jurídicos e históricos» [Agustín Barahona]

«Yo cuando participo en cosas tengo que estar muy convencido»
Destaco: «Raimon ha insistido en resaltar las dudas que le merece el reto independentista. […] «Si piensas en términos de unidad cultural, pues te lo miras con más atención y con más alarmas porque en el País Valenciano hay un anticatalanismo que está funcionando, y que incluso está mandando», ha asegurado Raimon, que cree que, con la independencia de Cataluña, este anticatalanismo que denuncia «puede crecer» en Valencia. […] también ve dificultades en «salir del marco del Estado español», así como en construir un nuevo Estado «con un Estado en contra», en referencia a España […] ha insinuado que podría apostar por una tercera vía. […] ha criticado también algunos de los argumentos del independentismo, como por ejemplo la tesis de que «parece que con la independencia ya no habría paro» […] se ha mostrado partidario de dilucidar la cuestión en las urnas. «Si votas, no impones, sino que decide la mayoría»»
Es decir, con esa frase sólo puede entenderse –por el razonamiento que refiere que sólo la mayoría puede decidir– que se ha mostrado partidario de que votemos todos los españoles qué queremos hacer con nuestra Cataluña. (lee el resto del artículo en el enlace de abajo)
Raimon: «No soy independentista».
Me parece interesante para tener en cuenta lo que una persona dice en los comentarios:
«Recuerdo a todos los españoles que en la presente situación sistémica no existe medio alguno para obligar a un partido candidato a cumplir sus promesas electorales si vence en unas elecciones. Esto se debe a que no se obliga a los partidos candidatos a firmar un contrato de cumplimiento con tiempo limitado que les obligue a dimitir si no se ha cumplido en dicho lapso y a convocar nuevas elecciones en las que ese partido ya no pueda participar. Crear jurídicamente un contrato electoral mediante norma sería muy fácil, créanme, pero no se hace así porque quien hace las leyes son ellos mismos «en nuestro nombre», por culpa del sistema en el que vivimos.
Es completamente obvio que en el presente panorama jurídico –que, paradójicamente es como si lo hubiéramos creado el soberano pueblo español al ceder nuestra potestad al Poder Ejecutivo presente en las Cortes mediante el sistema de democracia representativa, otro de los mayores engaños inventado jamás por la humanidad, pues anula de facto la separación de uno de los poderes del Estado, quizá el más importante: El Legislativo, que nos corresponde a los soberanos ciudadanos y nos permite decidir cómo queremos vivir– los partidos acceden al poder por el dinero que mediante norma obtienen con ello –norma que ellos han creado e impuesto «en nuestro nombre»– y las posibilidades que sus puestos les ofrecen de mercadear privadamente a su favor y en nuestro detrimento constante. En pocas palabras: es todo un fraude consciente y prediseñado por los defraudadores «en nuestro nombre».
O cambiamos el sistema urgentemente o tendremos que seguir sufriendo la esquilmación, robo y destrucción de nuestro futuro legal e impunemente hasta la extenuación.» [Agustín Barahona]