«Al igual que en las vistas de las salas judiciales y en los debates científicos, los debates parlamentarios deberían ser llevados a cabo en cada tema sólo por verdaderos especialistas que comprometieran su profesionalidad, conocimientos y honestidad, hasta el punto de que si se probara que dijeran falsedades o faltaran al rigor científico en cualquier medida quedara de inmediato comprometida su carrera profesional produciéndose incluso la expulsión de su colegiatura por parte de sus propios colegas e incluso la prohibición de por vida para volver a ejercer la profesión en España o en los países en que se tuviera acuerdo al respecto. De ese modo sabríamos que las decisiones parlamentarias se atienen a la verdad científica –contrastable siempre en todas partes del mundo y revisable según la ciencia va avanzando– y que, por tanto, tienen estabilidad real y no se basan en compraventas del poder o creencias personales del líder de turno» [Agustín Barahona]