Las escuelas deben de estar libres de niños discapacitados, porque lo ideal es tener un niño bien y en buenas condiciones cognitivas, comento la titular de la SEP,
ME NIEGO A CREER QUE UN SER HUMANO DE VERDAD PUEDA DECIR LO QUE DICEN QUE ALAMILLA DIJO
«Antes que nada, debo aclarar para quien no lo sepa que actualmente se puede evitar tecnológicamente que exista un ser humano discapacitado aún no en todas las posibles discapacidades pero sí ya en muchísimas. Lo que sucede es que es muy caro, pero poderse se puede. Insisto, no es un problema de capacidad, sino sólo de dinero y planificación en Salud, o sea, político. De hecho la mayoría de las discapacidades no son de origen genético sino debidas a complicaciones en el proceso prenatal o en el del parto. Hay que conocer también cuál es el contexto mejicano para poder entender por qué dice lo que dice –si consiguiéramos verlo completo alguna vez–, porque según tengo entendido, en Méjico los partos suelen atenderlos estudiantes de pre-grado y sin pediatra presente, al que sólo llaman si hay complicaciones, es decir, cuando ya suele ser demasiado tarde –por ejemplo, tras hipoxias cerebrales–. Y no puedo saber si es a esto a lo que se refería la Sra Alamilla porque no aparece ningún texto completo de esta señora en la red que muestre el contexto o la totalidad de sus palabras. De hecho, no he encontrado ningún vídeo en donde la Sra Alamilla diga exactamente las palabras que se le atribuyen, lo cual me parece ya muy grave.
Explicado esto, en cuanto al artículo, es también cierto que para que un grupo de estudiantes pueda «progresar adecuadamente», como dice en nuestros días la palabrería sociopolítica educacional, necesita un entorno «hecho a medida», como de hecho se vino haciendo en la educación hasta que llegó la industrialización. Discriminar lo verdadero de lo falso pues, como estaría haciendo esta persona, no sería un problema. El problema es lo que hay detrás. De hecho, siguiendo la misma fundamentación a la que me remito, un grupo homogéneo de discapacitados en algo aprenden mejor y más rápido si las clases están adaptadas a su discapacidad, porque la mezcla en los primeros pasos con personas no discapacitadas enlentece la atención personalizada que todo estudiante tiene que tener. Ahora bien, llegado el momento en que la preparación cultural, técnica y científica se ha cubierto en los límites de formación básica hay que integrar educacionalmente –socialmente ya deben estarlo– a las personas discapacitadas en entornos sociales de educación que les permitan poder aprender a realizar esa integración diaria hasta que su discapacidad no sea realmente un problema ni para ellos ni para el trabajo que realicen. Eso es lo ideal y es lo que es perfectamente alcanzable con un poco de humanidad, paciencia, inteligencia y tesón.
El problema real del artículo es el modo paleto y absurdo en el que presuntamente se expresa la entrevistada. Tanto que me diera la impresión de que se tratara de una manipulación de lo que realmente dijo porque a alguien no le gustó algo de lo que ella explicó y en lugar de preguntarle se enfadaron personalmente y decidieron vengarse a través del artículo. O por cualquier otro motivo ajeno al verdadero tema, pues parece que los antiabortistas creen que esta persona promueve el aborto y de ese modo creen que pueden combatirla. No es la primera ni la última vez que este tipo de aberraciones de malos profesionales del periodismo ocurren. Tiendo pues a pensar que la explicación real pueda ser lo que acabo de decir; por una parte, porque a mi mismo me lo han hecho varias veces, y por otra parte, porque se me hace muy difícil creer que hubiera persona alguna, por tonta o altiva que fuera, que dijese realmente eso ante los medios de comunicación ni siquiera aunque lo pensara de verdad, que ya sería difícil de creer. Y menos en América, donde estas cuestiones se vigilan al milímetro y se educan desde la más tierna infancia.
En mi caso, hace ya muchos años que escribí una carta a la asociación profesional de periodismo en España pidiéndoles que «a cada entrevista publicada añadiesen siempre el audio y vídeo ***completo*** de la misma, SIN CORTES», para evitar las demandas y acusaciones falsas que pudieran hacerles y para garantizar que los profesionales lo son de verdad sin manipular un milímetro la realidad. ***Completo***, digo. Pero ni me contestaron. Ése es el problema de fondo, la falta de veracidad y credibilidad mundial que progresivamente van teniendo los medios de prensa, donde, amparados en las propias leyes locales e internacionales que los protegen, lo que hacen no es prensa sino política de baja estofa muchas veces, porque parece que «todo vale». Mientras la situación no sea la justa, yo prefiero pensar que la entrevista se ha manipulado, hasta que no oiga a esa persona decir de su propia voz lo que el artículo dice que dice, para lo cual se necesita la totalidad del discurso.
Lo siento, pero no puedo ya dar mucha fiabilidad a las «cosas extra-ordinarias» que aparecen si quien las publica nos pide fe en que son así en lugar de demostrarnos que son así, como es su obligación deontológica.
Por cierto, a esta persona, Marisol Alamilla Betancourt, ya ex-secretaria de educación y cultura quintanarroense, la destituyeron por la polémica generada en torno a toda esa información de prensa, así que sus detractores pueden dar por bien empleadas sus artimañas mediáticas. Si en una pequeña investigación os fijáis, sólo se publicaban las cartas de repulsa contra sus presuntas palabras, pero en ningún lugar he encontrado publicadas las supuestamente dichas palabras al completo y ni siquiera he visto publicado escrito alguno donde esta persona dijera lo que dicen que dijo. Si yo digo, por ejemplo:
«tenemos ya los medios para impedir que existan niños discapacitados –o bien desde el embarazo o bien por accidente una vez nacidos– y estamos trabajando en la posibilidad de extender esta tecnología al sistema de salud de nuestro país, por lo tanto vamos a conseguir que no haya niños discapacitados porque su existencia lastra a la humanidad y nos impide poder mejorar en tantas cosas como podríamos ya mejorar»
y alguien sólo publica la última parte
«vamos a conseguir que no nazcan niños discapacitados porque su existencia lastra a la humanidad y nos impide poder mejorar en tantas cosas como podríamos ya mejorar»
habrá distorsionado y manipulado por completo el significado de mis palabras y discurso, que nunca debiera ser segmentable en una prensa honesta. Y habría conseguido su objetivo de que yo parezca un monstruo legalmente, porque es verdad que ese fragmento de mi discurso lo dije yo. Es sólo un ejemplo de los cientos que se me ocurren para poder explicar las frases cortadas extraídas fuera de contexto que se han movido de lo dicho por esta persona. Hay periodistas hiper expertos en este tipo de manipulaciones y cualquiera que haya trabajado alguna vez cerca del medio lo sabe de sobra.
En resumen, personalmente pospongo cualquier juicio sobre lo que ha dicho Alamilla hasta que con mis propios ojos y oídos pueda constatar que lo ha dicho. Y creo que todos deberíamos hacer lo mismo con cualquier caso extraordinario que los medios de comunicación nos presenten, dado el contexto y por pura prudencia de quienes sólo buscan la verdad. Y si fuera cierta la insensibilidad que parece tener Alamilla sería el primero en condenarla. Pero, honestamente, en estas extrañas condiciones, ya no puedo. No creo, además, que la metodología de la prensa deba ser pedir fe a sus lectores pudiendo demostrar con facilidad en nuestros días que lo que se dice es cierto». [Agustín Barahona]
Lo que realmente dice la Sra Alamilla es:
«Deberíamos cada uno sentarnos a calcular cuáles deberían ser realmente nuestros impuestos después de descontarles aquellas cosas que son delictivas e inadmisibles y a las que sin embargo el Estado, a sabiendas, nos pide que contribuyamos económicamente. Y si pudiéramos hacerlo desde una plataforma de insumisos a los pagos a aberraciones democráticas mucho mejor. Ahí dejo la idea. Seguro que los impuestos que pagaríamos serían muchísimos menos y los que pagáramos estarían finalmente mejor y más justamente utilizados.
Ese derecho a decidir que los impuestos sólo se usen en cosas justas debería estar en la Constitución, ya que parece que la lógica sola no sirve.
Está visto que vale más actuar que denunciar. La actuación es, de hecho, la mejor denuncia, porque tiene un mayor eco social y obliga a las autoridades competentes a tener que dar una solución al problema que ya no puede evadir.
Actuemos pues con justicia y paguemos sólo lo justo» [Agustín Barahona]
«La obligación de los funcionarios españoles de comunicarse ya sólo telemáticamente está trayendo un sinfín de problemas legales que no han hecho más que empezar. Y todos eran más que previsibles para cualquier persona mínimamente inteligente.
Nadie entiende quién ha sido el meningítico de baba que ha impuesto a la fuerza ese sistema sin que España esté preparada ni en su normativa ni en sus medios tecnológicos al alcance habitual de los ciudadanos para poder asumirlo. Además se le pide al funcionario que se busque él la vida para poder ajustarse al sistema en lugar de lo lógico, que es que el sistema le aporte los medios para poder cumplir la norma.
Los delitos informáticos y los problemas de falta de garantías constitucionales y garantías básicas de los principios básicos del Derecho se agolpan ya como casos en los despachos de todos los abogados del país, que son los que están haciendo su agosto desde que las leyes 39 y 40 de 2015 se pusieron en vigor el 2 de octubre de 2016.
Y eso que aún no son efectivas todas las disposiciones de esas leyes, cuyo último momento de entrar en vigor para algunos de los casos, como por ejemplo el registro electrónico o el punto de acceso general electrónico de la Administración no serán realmente obligatorias para todas las Administraciones hasta el 2 de octubre de 2018. Cuando llegue ese momento va a ser la debacle si alguien con dos dedos de frente no para todo esto en seco para enmendarlo y elaborar un plan escalable de introducción paulatina de normas y dotación de medios para poder llegar a la cota de tecnología y seguridad informática que se requieren a nivel usuario.
En fin, es todo un lamentable ejemplo más de por qué los legisladores deberían ser los españoles a través de entidades societarias jurídicas que trabajaran para ellos redactando en modalidad profesional los textos normativos que dimanaran de la real soberanía del pueblo: la del ciudadano –recordemos que las Cortes son las que están hoy día usurpando ese derecho teóricamente inalienable del poder legislativo– que realmente tendrá que sufrir las leyes que no elabore bien, motivo por el que se hará responsable de su eficacia. No como ahora, que pareciera que un grupo privilegiado a quien no le afectan las hicieran mal a conciencia para realizar aquel resabio que decía que a río revuelto ganancia de pescadores.» [Agustín Barahona]