«Propondría como norma el que si no es posible que a los presidentes de España que ya no lo sean no se les otorguen pensiones y sueldos vitalicios ciclópeos, al menos no se les otorguen a aquellos que no hayan dejado las arcas del Estado en superávit al dejar su cargo y que, igualmente, asuman personalmente todas las deudas que generaron, como se le exige a cualquier español. Lo haría extensivo a todo cargo político con responsabilidades económicas. Además pediría que todo aforamiento sea sólo temporal y retentivo, es decir, que permita que toda acción legal en contra de dicho político se posponga exclusivamente el tiempo de su aforamiento y que los delitos no puedan prescribir, comenzando a contar el tiempo para ello desde el momento en que el político deja de tener sus fueros privilegiados. Así el Parlamento sería algo más serio. De otro modo seguiremos viendo cómo quedan impunes insidias, calumnias, difamaciones, y otros delitos que fuera de ese aforamiento podrían suponer penas y multas muy graves para cualquier ciudadano de a pié.» [Agustín Barahona]
«Es evidente desde hace muchísimo tiempo que nuestro sistema político es muy legal pero muy injusto (legalidad y justicia no son sinónimos) y hasta que las normas no se ajusten a la justicia es muy difícil que nada pueda tener visos de buen futuro. Quienes pensaron la Constitución ya sabían de todas las obvias perversiones de la justicia que aquella permitía. Pero como beneficia a los políticos que viven de sus defectos (y de los de los demás) no confío en que estos vayan a cambiar lo que es necesario cambiar y con urgencia. Cuando Ortega y Gasset se refería a «La España Invertebrada» no se refería a la ausencia de las Autonomías que ahora nos desigualan y nos desangran por doquier. Como todas las grandes macroestructuras, España necesita obviamente una articulación interna eficaz. Hace falta una España vertebrada, sí, pero no con cifosis; tanta que pareciera que sólo podemos mirarnos el ombligo.» [Agustín Barahona]
Elecciones 20N: Así quedaría el Parlamento si todos los votos valieran lo mismo
Es difícil encontrar en la historia moderna de la Educación una situación de mayor incoherencia esquizoide en un grupo político, lo que implica muchas cosas interesantes.
A la vez que dicho grupo reconoce
1.- la obviedad no sólo de que los docentes poseen una mayor y mejor formación general que ellos en materia de conocimiento de casi cualquier rama del mismo (cosa lógica entre docentes altamente cualificados cuya excelencia ha tenido que ser duramente probada y demostrada mediante oposiciones, lo que los hace difíciles de combatir en un debate público, del que por eso mismo se huye), sino de que
2.- dichos docentes son autoridades públicas, esto último reconocido y reforzado incluso mediante una ley de este mismo grupo político hace poco (LEY 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor),
a la vez que reconoce públicamente todo esto, digo, intenta este grupo hacer ver a la opinión pública, mediante todo tipo de falacias y manipulaciones de la información, que dichos profesores son una lacra social (!). Es más, dicho grupo político envía a su Consejera de Educación a hablar en medios de comunicación que no dudan en tildar de «payasos y gilipollas» [sic] a dichas bien formadas e informadas autoridades públicas, sin que la mentada consejera los desdiga o llame la atención (!) y mientras añade ésta de su cosecha en esos y otros sitios lindezas de peor calaña, calado y consecuencias. Los posibles delitos que se inferirían de las actuaciones con total apariencia de premeditación por parte de dicha consejera abrumarían y moverían a la presentación de dimisión a cualquier político con un mínimo de dignidad, y a cualquier otro que la hubiera apoyado públicamente; aunque a estas alturas, tras varios meses de ignominias infligidas a los docentes, no se puede estar seguro de lo que va a ocurrir.
Con todo, lo más importante no es ni mucho menos la necesaria excelencia en la formación de dichos profesores ni el que su necesaria autoridad pública haya sido reconocida mediante una norma por ese partido político. Ni siquiera que en dicha norma en uno de sus puntos (artículo 4.f) se diga que la Administración educativa «velará para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña. A tal fin la Administración realizará campañas que aumenten su consideración y su prestigio social.» (Disculpen que al leer esto no pueda evitar una irónica carcajada consecuente con los tiempos que se están viviendo).
No, ni siquiera lo recién mentado es lo más importante, pues todo ello queda simplemente como anecdótico al lado del dossier probatorio adjuntado a la denuncia por injurias, falsedad y calumnias que se ha presentado en los juzgados contra dicha Consejera de Educación. No tiene desperdicio y me temo que quedará como uno de los hechos históricos más vergonzosos de la historia de la «política» de educación en España. Por ello facilito el enlace a dicho documento, un testimonio que cualquier investigador que en el futuro quiera estár enterado de verdad de qué es lo que está ocurriendo en España al respecto de este tema no puede omitir conocer. Que cada uno saque sus propias conclusiones… y que actúe en consecuencia.