Teniendo en cuenta que la justicia es para el ser humano político como el aire que el ser humano biológico respira, lo primero sería recomendar siempre en primera instancia usar de la justicia institucional intentando para ello evitar la supuesta justicia administrativa en España, una anomalía mundial en el jurismo que permite inútil y obscenamente que la administración pueda ser a la vez juez y parte en la resolución del problema de justicia, colaborando así con un progresivo proceso de corrupción interna desbordante que se cree inmune y, por tanto, impune.
Pero siendo realistas, viendo lo deterioradas que están las instituciones, debido al mal uso que sus representantes hacen de ellas y a que el Poder Legislativo –que debería pertenecer directamente a la ciudadanía pero que está secuestrado permanentemente por parte del ejecutivo y representantes de partidos políticos en ambas cámaras– no hace su trabajo generando leyes que permitan estar seguros de que va a ser fácil e inmediato poder procesar a cualquiera que opte por delinquir en lugar de comportarse ejemplarmente, como se requiere en las instituciones, el único camino que queda es realmente establecerse uno mismo en la justicia que echa en falta y, por tanto, impartirla legal e inteligentemente. Repito: legal e inteligentemente.
¿Cómo es esto?, me preguntan siempre mis amigos la primera vez que me lo oyen decir. Puede parecer a la vez pretencioso e imposible, pero nada más lejos. La mayoría de la gente no se conoce las normas ni el modo de hacerlas valer –de hecho no les preocupa porque no han estado en su educación personal debido a que su Estado no las incluye en los curricula mediante las leyes de enseñanza, como sí hacen otros estados en el mundo– por eso esta opción no es concebida a menudo más que por muy pocos.
El método, aunque es muchísimo más complejo de lo que aquí resumiré ahora, consiste en primer lugar en darse cuenta de, según las normas que en un mundo inteligentemente justo deberían existir, qué tipo de benévola y educacional sentencia merecerían los culpables para que, recibida y asimilada la lección, no les apetezca ya nunca más volver a repetir su felonía, lo que implica en quien vaya a impartir justicia por esta vía un dominio real de lo pedagógico en la psique humana.
En segundo lugar, una vez que esa sentencia de justicia educacional legal, ciudadana y cívica se tiene clara, hay que buscar concienzudamente los medios legales –tanto sociales como privados– para que, de un modo u otro, dichas sanciones fácticas inteligentemente decididas recaigan sobre los delincuentes y sólo sobre ellos, más pronto o más tarde, cuando se lo esperan… o cuando ya no se lo esperan. Porque en este tipo de justicia no hay prescripciones de delitos ni caducidades de procedimientos. La paciencia es una de las mejores virtudes que casan con la verdadera justicia. Incluso se pueden dejar instrucciones para que se ejecuten los actos necesarios una vez muerta la persona que buscaba estos frutos. Por lo tanto…
Si la gente fuera consciente de que este otro método de justicia educadora ciudadana y cívica, completamente legal, se puede también aplicar –y de hecho se aplica diariamente, aunque la gente no implicada no sea consciente– y que es muchísimo más eficiente que la justicia conseguida mediante las corruptas y clientelares instituciones, el mundo sería mucho mejor muy pronto, porque el solo conocimiento de su existencia disuadiría de poder cometer delitos que actualmente se cometen todos los días porque sus delincuentes los tienen tan asumidos en su impunidad que hasta se han olvidado ya no sólo de que lo que hacen son delitos, sino de que lo que hacen no debería hacérselo jamás un ser humano a otro.
Así pues, ¡viva la justicia educacional legal, ciudadana y cívica obtenida por medios sociales o privados justos e inteligentes y ojalá algún día la ciudadanía consiga que pueda constituírse como la verdadera y única institución estatal que no debería verse sustituída nunca si funcionase con verdadera y evidente justicia!
