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¡SORPRESA!: los tribunales de 6º ¡¡¡NO SON COMO CREÍAS!!! - (5-diciembre-2016 por Agustín Barahona)

No os asustéis por lo que os vamos a decir, pero muchos de vuestros hijos el año en que terminan sus estudios en un conservatorio profesional están siendo obligados a hacer cosas que no deben. Incluso también antes, pero eso será tema de otro artículo.

Desde el comienzo de la última reforma importante de la enseñanza profesional de la música, el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de cara a su calificación ha sido el conocido como evaluación continua y la calificación en la asignatura de instrumento ha correspondido, como es lógico, sólo al profesor, que es el único capacitado para dar cuenta de esa evaluación continua y ayudar al alumno en función de la misma.

Sin embargo, desde 2007 en la Comunidad de Madrid (y mediante el Decreto 30 y la Orden 1031 del año siguiente) se introduce un elemento especial en el sexto curso de enseñanzas profesionales, el último y definitivo antes de obtener la titulación, llamado tribunal de 6º, que se encarga de la evaluación final del alumno.  Y con este elemento llegó el escándalo y la confusión, porque mientras que en realidad el legislador no había variado su criterio de que todo es evaluación continua los profesionales asumieron erróneamente (?) que dichos tribunales iban a ser una prueba y que dicha prueba iba a ser realizada sólo y exclusivamente por los especialistas de cada instrumento y, por tanto, por los miembros de los departamentos que eran profesores del instrumento que cursaba el alumno pero no eran profesores del alumno, como exige la norma, rompiendo así la evaluación continua.

Craso error: nada más lejos de la realidad.

Lo que los profesionales supuestamente «creyeron entender» de inmediato, quizá por una interesada lectura metonímica apresurada y sesgada de la norma o quizá porque la inspección no fue capaz de reaccionar adecuadamente –todo esto por decirlo suave y disculpativamente sin que realmente se merezca tras tantos años–, fue, inconcebiblemente, que tales tribunales «se oponían radicalmente a que las calificaciones las hiciera exclusivamente el profesor del alumno, interfiriendo así en la evaluación continua y a todas luces chocando con la normativa previa», pues según esta falsa concepción se dejaba aparentemente en manos de un tribunal ajeno, y no en las de su profesor, la calificación final de ese sexto curso y, con ello, la obtención del título correspondiente, lo cual va contra la propia norma, que dice con claridad que sólo el profesor decide la calificación final.

Y calculando, parece ser que a principios del curso 2009-2010, en una reunión de directores de conservatorios profesionales, se pusieron de acuerdo definitivamente para interpretar la Orden de Evaluación de esta forma contraria a lo que realmente dice la norma, ¡sin que la inspección se opusiera!, generando así no sólo un muy discutible procedimiento académico en todos los conservatorios profesionales de la Comunidad de Madrid –con el que mediante un examen único de unos cuantos minutos contra la evaluación continua podía contravenirse y contradecirse el juicioso criterio del profesor de la asignatura, y sin que nadie controlase cómo se hacía dicho examen inexistente en la evaluación ordinaria– sino además un comportamiento ilegal a todas luces.

Lo asombroso es que la inspección en lugar de corregirlo asumiera el malentendido como correcto permitiéndolo –¡y que aún siga haciéndolo a pesar de ser claramente ilegal!– y añadiendo incluso todavía más desmanes legales [!] que a cualquier persona inteligente le resultaban obvios, todo de un modo muy parecido a lo que hacía el entrañable personaje del Inspector Clouseau en las películas de la Pantera Rosa. Verán cómo.

Ante las consultas de los conservatorios en el curso 2008-2009 sobre por qué no se podía hacer como en el plan 66 esos tribunales recién instituídos, a pesar de que no hubiera prueba alguna instituída para la evaluación ordinaria,  la inspección estudió el caso para la Subdirección General de Ordenación Académica y desde allí se dieron directrices a todos los conservatorios, instruídas por la inspección, recordando que los tribunales eran sólo una herramienta más de la evaluación continua –hasta ahí todo correcto– pero a la vez desdiciéndose, al dar instrucciones para que los departamentos establecieran un sistema de puntuación que permitiera que la nota de la evaluación continua que establecía el profesor fuera contravenida por la de profesores que no habían tenido absolutamente nada que ver con la formación del alumno examinado mediante ponderaciones resultantes de porcentajes de la nota de evaluación continua y la del tribunal [!].

Pero ¡ahí no acaba el caos!, porque se dejó que en cada conservatorio, en cada departamento incluso, se pudiera establecer un porcentaje para la ponderación completamente distinto. Como resultado, durante la última década –¡que ya está bien, y se dice pronto!–, dependiendo del departamento o conservatorio al que estuviera adscrito un alumno podía tener la suerte o la desgracia arbitrarias de encontrarse con ser un alumno excelente, por ejemplo, cuyo profesor así lo reconociese, pero que por cualquier circunstancia el tribunal lo valorase de otro modo en ese único momento y que en ese caso se hubiese determinado que la nota del profesor valiese sólo un 30% de la nota final del curso y la del tribunal un 70%. Y en el examen de al lado, o del conservatorio de al lado, un alumno adscrito a otro departamento u otro conservatorio podía estar en las mismas circunstancias que el otro pero del revés, es decir, que la nota de su profesor valga el 70% y la del tribunal valga el 30%.

Con lo cual, ¡atención!, el valor real académico de la calificación final de un alumno de 6º no tiene significado alguno siendo además una calificación irregular establecida arbitrariamente en agravio comparativo de departamentos y conservatorios, sin que la Alta Inspección parezca haberse enterado tampoco de nada en todos estos años [!].

¡EL FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES) QUE TODO CONSERVATORIO PROFESIONAL DEBE CONOCER!

En estas circunstancias, muchos docentes dieron la voz de alarma al principio del problema explicando por qué estos tribunales no estaban siendo realizados como se debía. Pero como suele ocurrir, la Administración no les hizo ni caso, quizá porque la Administración nunca se equivoca y es omnisciente, ¿verdad?

Los años han pasado y como nada ha cambiado y se siguen realizando irregular y antiacadémicamente estos tribunales varios docentes nos hemos decidido a poner en manos de la comunidad internacional y del conocimiento público todos estos hechos, con el fin de que puedan ayudar a otras personas a actuar correctamente no aceptando ninguna otra cosa que no sea que se cumpla estrictamente la norma. Pero como sabemos que no todo el mundo suele tener acceso a este tipo de análisis, hemos fabricado un FAQ (acrónimo del inglés Frequently Asked Questions –preguntas frecuentes–) que no es más que un sencillo par de hojas que contienen todo lo que hay que saber fácilmente para realizar de un modo legal y académicamente correcto la evaluación final de 6º mediante los tribunales que la norma instruye en convocatoria ordinaria en los conservatorios de la Comunidad Autónoma de Madrid, España.

Así pues, aquí lo tenéis, pinchad sin miedo: FAQ (preguntas frecuentes) sobre los Tribunales de los exámenes de 6º curso de Grado Profesional en los conservatorios profesionales de música de la Comunidad Autónoma de Madrid, España. ¡COMPÁRTELO EN TODAS PARTES!

Si tenéis dudas no resueltas por el FAQ podéis aportarlas aquí mismo como comentarios y procuraremos resolvéroslas, aunque pensamos que todo lo que hay que saber para hacer las cosas bien está ya recogido en este documento. ¡Adelante, que nadie más vuelva a realizar incorrectamente estos tribunales!

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¡CUIDADO!: ¿QUÉ PUEDE SER LINGÜÍSTICA y LEGALMENTE OBJETO DE INCITACIÓN AL ODIO Y QUÉ NO? - (19-junio-2020 por Agustín Barahona)

Paso a hacer el pertinente y más que necesario análisis lingüístico-jurídico de este tema del que tanto se abusa últimamente haciendo que la ciudadanía española esté llegando al límite de su paciencia.

Para ello, dejo antes muy sentado aparte, pero claro y presente, que el jurismo español se basa siempre en los hechos probados y no en las intenciones probadas, como lo demuestra la realidad reciente de que si alguien quiere dar un golpe de estado con todos sus medios en marcha y no lo consigue no puede ser acusado de ello (véase el caso de Puajdemonio, Yonquieras [sic] et al.); o que si alguien dispara desde lo alto de un tejado con mira telescópica para matar a una persona a 300 m y sólo le da en la punta de la nariz se le juzga por esta lesión sólo y no por intento fallido de asesinato, conclusión ésta, la de lesión del extremo nasal, con la que, en justicia y buen sentido, nadie puede estar de acuerdo, pues en muchas ocasiones, como en los ejemplos que pongo, los hechos junto con la lógica elemental bastan para probar intenciones (p.ej.: nadie pone en marcha un intento de golpe de estado si no es para darlo; o nadie dispara con mira telescópica desde 300 m para acertar a la punta de la nariz de la víctima).

El art. 510 de Código Penal español explica que incurren en este delito mal llamado de odio –por su subjetividad, generalidad e imprecisión– sólo los que de un modo público fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente de un modo claro al odio, hostilidad, discriminación o violencia (véase el DLE de RAE para la definición de cada uno de estos conceptos, mostrando la vaguedad de los mismos en muchas ocasiones; por ejemplo, para que exista realmente odio, además de la antipatía aversa hacia algo o hacia alguien debe existir deseo de que le ocurra algún mal, deseo sin cuya falta, por tanto, no puede haber odio).

No entraré ahora –aunque se debería, para poder llegar a los famosos hechos probados que requiere el jurismo español– al espinoso tema de si tiene que haber necesariamente una mayoría de personas a las que los actos del imputado puedan «provocar o promover o incitar», puesto que si no es así (es decir, si no provoca, promueve o incita a la mayoría de los posibles destinatarios) la vinculación con el tipo penal queda decaída de inmediato, pero atención, sólo si el delito está en la eficacia perfecta del acto y no en el acto mismo, ya que dicho tipo de actos no tiene sentido en el jurismo español (o no deberían tenerlo si el jurismo fuera coherente con sus propios principios) al ser definidos por la subjetividad de quienes eventualmente pudieran sentirse impelidos a los actos de odio como resultado de los actos del imputado, y si no hay reacciones que demuestren dicha eficacia sería difícil imputar el delito. Por todo ello, como digo, no voy a entrar en esa parte del tema para no complicar más lo que realmente no necesita ahora de tales complicaciones.

Verán, se dice en el artículo 510 del Código Penal que existe delito por incitación al odio sólo en los siguientes supuestos:

  • Cuando es contra un determinado grupo –total o parcial– o alguna persona del grupo sólo por causa de pertenecer a él (si es por otra causa se entiende que no encaja en este punto del tipo penal, aunque la persona supuestamente odiada pertenezca a ese grupo),
  • Cuando es por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias (aunque no se entienda por qué el legislador mencione como motivo el racismo y luego incluya como una tipología falsamente diferente, como otro apartado, el antisemitismo y sin embargo no incluya las otras posibles tipologías racistas; es de señalar que la característica definitoria de los subtipos es que el objeto ha de ser irracional, salvo en el caso de la ideología, donde –obsérvese–, dándose por supuesto que la diferencia privativa entre una ideología y una creencia es la irracionalidad de esta última y la racionalidad de la primera, no se entra a especificar que la ideología esté basada en supuestos correctos o no, por lo que en este caso sería muy difícil dirimir cuándo la crítica se dirige a personas que hacen cosas incorrectas debido a su ideología),
  • Cuando es por una situación familiar,
  • Cuando es por la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional (fíjense que el legislador se repite claramente a no ser que lo que haya pretendido –fallidamente– fuera distinguir en el punto preanterior los casos de «racismo» (¿racismo realmente?) debido a ideología o creencias y en este punto debido a nacionalidades),
  • Cuando es por su sexo, orientación o identidad sexual,
  • Cuando es por razones de género (obsérvese que el legislador aquí distingue antropológica y jurídicamente entre sexo –motivo biológico– y género –motivo sociofuncional–),
  • Cuando es por enfermedad o discapacidad.

Sólo en estos supuestos, aunque añade también en el punto siguiente a quienes hagan lo mismo mediante escritos en cualquier soporte idóneo (si no es idóneo para esto, ojo, no constituye delito) para facilitar el delito descrito en el punto anterior con el fin de difundirlos a terceros o de facilitar su acceso a éstos (y sólo con estos fines, es decir, se entiende de ello que el almacenamiento de este material no constituye de por sí este delito o el que terceros lo roben y lo expongan), dejando implícito que todo el punto principal anterior con sus subapartados se refería a los actos no-escritos propios de una persona física o de otro modo el segundo punto consituiría una extraña redundancia del primero.

Según todo lo cual, pongamos como un posible ejemplo didáctico de entre muchos otros, si el supuesto odio se fomenta contra alguien exclusivamente por causa de que ese alguien no hace las cosas bien no es un delito ni puede serlo en modo alguno. Compruébese repasando el texto. Por lo tanto, cualquier reo de este tipo penal quedaría automáticamente libre de sus cargos al demostrar que su supuesto «odio» (si es que tal «odio» y todos los demás requerimientos mencionados pueden probarse) es debido a que la persona supuestamente odiada hace las cosas mal a juicio exclusivo del imputado.

Por cierto, que alguien sin amenaza probada alguna dispare a la foto de alguien o la queme a mi no me incita ni al odio de ese alguien ni al del pistolero o pirómano que lo haga. Me incita más bien al asombro o a la pena por ver dónde se está dejando políticamente que lleguen las cosas debido a la falta total de pericia e intención de eficacia de quienes dicen ser políticos debido a que no existe nada práctico que realmente los regule o fiscalice. Y en la ausencia de reales herramientas de fiscalización pragmática e inmediata las cosas van a acabar muy mal, dependiendo del grado de resistencia a la injusticia que tengan los españoles, grado del que la historia muestra y demuestra tender a estar siempre en posiciones muy alarmantemente bajas cuando los maltratan a ellos o a sus compatriotas. [Agustín Barahona]

El sistema socioeconómico científico ha confundido el fin con los medios - (27-mayo-2020 por Agustín Barahona)

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«Llevo años denunciando este sinsentido constituído por un así llamado índice/factor de impacto que lo único que hace es premiar a los científicos que publican más sin importar la calidad de lo publicado. Y está fomentado por una realidad socioeconómica donde el científico tiene que aceptar esas normas que le impone la sociedad no científica para poder invertir en ciencia, actitud ignorante a su vez fruto de ese analfabetismo científico que tiene la mayoría de la humanidad a pesar de los esfuerzos educativos que desde hace décadas se vienen acometiendo para que esta triste y muy peligrosa realidad pueda cambiar para bien. Sin gente bien formada en las bases de la ciencia no puede prosperar un mundo que o será científico o no será.

Origen: El sistema científico ha confundido el fin con los medios

Este otro artículo describe también, aunque bajo su perspectiva, el mismo problema: https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/rota-maquina-hacer-ciencia_0_1047795794.html

No obstante, que nadie se intranquilice: la ciencia real funciona siempre al margen de estos ruines y evidentes procesos socioeconómicos y puede probarlo porque cuando es real ofrece herramientas para que cualquiera pueda comprobar que sus resultados son reales. El problema es la inercia de la máquina sociopolítica que rige actualmente la ciencia, en vez de ser la ciencia la que con el peso de su conocimiento probado rija la máquina sociopolítica, situación ésta donde los problemas mencionados sería imposible que existiesen.»
[Agustín Barahona]

Agustín Barahona en Twitter: «Y no me cabe duda, por el tiempo que queda hasta que se acabe el año, por las condiciones ambientales de contagio del cov19 y por su tasa de transmisibilidad, de que antes de que acabe el año habrá sin duda una tercera ola. ht - (12-mayo-2020 por Agustín Barahona)

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